Balance de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad a los veinte años (2006-2026)

Educación inclusiva, lengua de signos y acceso a la justicia de las personas sordas en España

Resumen

La publicación realiza un análisis jurídico crítico sobre la evolución y el grado de cumplimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad durante el período 2006-2026, centrándose específicamente en los derechos fundamentales de las personas sordas en los ámbitos de la educación y el acceso a la justicia. El trabajo sostiene que, pese a los avances normativos producidos en las dos últimas décadas, persisten importantes déficits estructurales que impiden una efectividad plena de los principios de igualdad, accesibilidad universal y no discriminación proclamados tanto por la Constitución española como por el derecho internacional de los derechos humanos.

En materia educativa, el estudio examina críticamente el alcance del derecho a la educación inclusiva reconocido en el artículo 24 de la Convención y su recepción en el ordenamiento jurídico español. Se analiza la insuficiente implementación de modelos bilingües para personas sordas, las desigualdades territoriales existentes entre comunidades autónomas y la precariedad de los servicios de interpretación en lengua de signos. Asimismo, se destaca la relevancia de la Ley 27/2007 y del reciente Real Decreto 674/2023 como instrumentos de reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas sordas, aunque se concluye que la ausencia histórica de desarrollo reglamentario y la insuficiente dotación de recursos públicos han limitado gravemente la efectividad real de dichos derechos.

El trabajo dedica una atención especial al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la accesibilidad cognitiva en el ámbito de la justicia. Desde esta perspectiva, se analiza la trascendencia de la Ley 6/2022, que incorpora expresamente la accesibilidad cognitiva como elemento esencial para garantizar procedimientos judiciales comprensibles y accesibles para las personas con discapacidad. El estudio sostiene que la falta de intérpretes cualificados, la complejidad del lenguaje jurídico y la inexistencia de protocolos homogéneos continúan generando situaciones de indefensión incompatibles con los artículos 24 y 14 de la Constitución, así como con el artículo 13 de la Convención. Igualmente, se examina la jurisprudencia constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la igualdad material, la prohibición de discriminación y el derecho de defensa.

Finalmente, la publicación concluye que la protección jurídica de las personas sordas no puede limitarse a un reconocimiento meramente simbólico o formal, sino que exige mecanismos efectivos de garantía, financiación suficiente y una interpretación constitucional basada en el modelo de derechos humanos de la discapacidad. El estudio propone reforzar el reconocimiento jurídico de la lengua de signos como derecho lingüístico fundamental vinculado a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, reclamando una mayor armonización normativa, una formación especializada de operadores jurídicos y educativos, y una consolidación real de la accesibilidad universal como presupuesto indispensable para la ciudadanía plena de las personas sordas en el Estado social y democrático de Derecho.